Para no olvidar

El “tiempo social” de las topadoras, es el título de un interesante artículo aparecido hace casi 40 años en el periódico CGT de los Argentinos, dirigido por Rodolfo Walsh. Describe la política de viviendas de nuestra Municipalidad y los negociados con los terrenos “apetecibles” ocupados por “marginados” y que podían ser vendidos a precios extraordinarios por la inmobiliaria del propio intendente santafesino.

Sin modificaciones, porque es una excelente pieza de periodismo militante, transcribo el artículo aparecido en el número 34 del periódico CGT de los Argentinos, editado el 19 de diciembre de 1968.

El 80% de los 240.000 pobladores de Santa Fe malviven en el cinturón de los llamados “barrios marginados”. Inspiradas en el espíritu “social” que caracteriza al gobierno de los monopolios, las autoridades provinciales han comenzado a poner en práctica el “plan de erradicación” de tales barrios, con la fórmula simple y conocida ya en Capital Federal: pasar las topadoras.

El ataque comenzó el año pasado en el “barrio de la costanera” (alrededor de 150 familias); aunque momentáneamente se logró paralizar el avance de las topadoras, gracias a la actitud decidida de los pobladores, que fueron respaldados por los gremios que luego formaron la Regional de la CGT de los Argentinos y otros organismos populares.

En octubre de este año, el operativo desalojo se reinició con una intimación policial; apartementemente los motivos responden a edificantes propósitos sociales y estéticos. Se trataría de dar paso a la moderna construcción y de retirar del suburbio santafeisno la desagradable visión de esas viviendas precarias. Aunque en realidad, llama la atención que la actividad oficial comience en estos terrenos, ubicados a orillas de la hermosa laguna Setúbal, que son propiedad de un pariente cercano del intendente Benito Ureta Cortés, martillero público y propietario de la mayor empresa de compra venta de propiedades, cuyas oficinas están en la calle San martín Nº 2628, de la capital santafesina. Además, se comenta con insistencia que en el mismo predio se edificará una villa residencial para todos los integrantes del elenco oficial. Por supuesto, los desalojados no tienen adonde vivir; pero eso al gobierno qué le importa?

La segunda intentona fue nuevamente frustrada por la resistencia del vecindario, que esta vez contó con el pleno apoyo de la Regional de la CGT de los Argentinos.

En el “barrio Barranquitas” (al oeste, en el otro extemo de la ciudad), alrededor de 500 familias están amenazadas por el desalojo. Los terrenos que ocupan son lindantes con los bañados del Salado que año tras año vomitaban agua y lodo sobre las humildes viviendas, que debían ser reconstruidas cada vez. A principios de este año la Municipalidad desplegó maquinarias y personal para levantar un terraplén que protegiera esos terrenos. Aquí vale el viejo refrán: “cuando la limosna es grande…” porque hace pocos días la intendencia anunció que el área ocupada por el “barrio” sería rellenado para realizar obras complementarias y “villas residenciales”. Los vecinos? No interesan, por supuesto. En todo caso, con suerte, van a ser trasladados a Villa Yapeyú, especie de campo de concentración donde van a parar todos los expulsados de la ciudad, a 10 km del centro, lejos de todos los lugares de trabajo.

Los vecinos no se resignan a la suerte que les prepara el oficialismo. Han comenzado a organizarse, con la adhesión de la CGT de los Argentinos, para resistir la topadora.

En “Villa Tranviaria” (cinco familias que ocupan desvencijadas estructuras de otros tantos tranvías, cuyas paredes derruidas fueron reconstruidas con cartón o barro por sus habitantes) la Municipalidad quiere el desalojo para “rematar los tranvías”. La gente exige, como contrapartida, el lote de los terrenos del “barrio de la costanera” y la provisión de elementos para la construcción de la vivienda estable. Lo mismo reclaman las delegaciones vecinas del “barrio Villa del Parque” (1600 familias) y del “barrio Santa Rosa de Lima” (2000 familias).

En las islas de Alto Verde y Clucellas sus moradores tienen la piqueta municipal sobre sus cabezas, porque en sus terrenos quieren construir residencias de “fin de semana”. En el “barrio San Martín” la topadora quiere actuar por encargo del Instituto Provincial de la Vivienda (apéndice oficial), cuya única labor en pro de la vivienda popular es un proyecto para construir 60 viviendas en Villa Yapeyú, la mitad de las cuales están destinadas a personal subalterno de la policía provincial.

Los dirigentes orquestadores de toda esta campaña de “mejoramiento edilicio” son: José Benito Cortés, intendente municipal y martillero público, domiciliado en Rivadavia 3227, Santa Fe y Clodomiro Amado, director de Acción Soical de la Municipalidad, con domicilio en Hipólito Irigoyen 2626, autor de una obra que lo pinta de cuerpo entero: hace poco repartió entre los pobladores de los “Barrios Marginados” una partida de riñones de vaca (sobrantes del Instituto Frigorífico Municipal) “porque contienen muchas vitaminas”, vanagloriándose públicamente de haber tenido que ensuciar el tapizado de su automóvil último modelo en aras de tanta acción social.